El mundo empresarial ya no está blindado ante la ley. Desde la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en España, las empresas —no solo las personas físicas— pueden ser consideradas responsables de determinados delitos. Esta novedad, que ha cambiado la forma en que los negocios funcionan y gestionan sus riesgos, afecta a empresas grandes, medianas y pequeñas, y especialmente a sus administradores y directivos. Si trabajas en una empresa, eres socio, administrador o simplemente quieres entender cómo te puede afectar, en este artículo te explicamos, de manera sencilla, los 4 pilares básicos de la responsabilidad penal de las empresas y sus administradores.
¿Qué significa que una empresa tenga responsabilidad penal?
Tradicionalmente, en Derecho solo las personas podían cometer delitos. Sin embargo, el marco normativo cambió en 2010: en España las empresas, asociaciones, fundaciones y otras personas jurídicas pueden ser consideradas responsables de ciertos delitos. Esto significa que no solo se juzga a la persona concreta que ha ejecutado el acto delictivo (por ejemplo, el directivo que ordena un pago ilegal), sino también a la sociedad como tal.
Esto se llama “responsabilidad penal de la persona jurídica” y se aplica a delitos como blanqueo de capitales, corrupción, delitos fiscales, daños al medio ambiente, cohecho (soborno), estafa, delitos informáticos o contra la seguridad de los empleados, entre otros.
¿Cuáles son las consecuencias?
La empresa condenada puede recibir severas sanciones, entre ellas:
- Multas muy elevadas.
- Clausura de locales o suspensión de la actividad.
- Disolución de la sociedad.
- Prohibición de contratar con la Administración o recibir ayudas públicas.
- Intervención judicial.
En resumen: la “empresa” como organización puede ser castigada igual que las personas si se demuestra que el delito se cometió en su beneficio (directo o indirecto), por alguno de sus empleados, directivos o colaboradores.
La responsabilidad de los administradores y directivos
Quien ocupa un cargo de responsabilidad en la empresa —administradores, gerentes, altos directivos— debe comprender que sus decisiones pueden tener graves consecuencias personales y profesionales.
¿Cuándo pueden ser responsables?
Los administradores pueden ser responsables penalmente por dos vías:
- Por su participación directa en la comisión de un delito. Por ejemplo, dar la orden de “maquillar” las cuentas, pagar sobornos, defraudar a Hacienda, no poner medidas de seguridad en el trabajo, etc.
- Por omisión del deber de control. Si el delito lo comete un empleado y se demuestra que el administrador no hizo nada para prevenirlo (por ejemplo, no vigilar, no implantar controles internos…), también puede responder penalmente.
Delitos más comunes imputables a empresas y sus responsables
No todas las infracciones llevan a la responsabilidad penal. Solo determinados delitos están previstos en la ley para que puedan ser imputados a una empresa o administrador.
Algunos de los delitos más habituales son:
- Delitos fiscales y contra la Seguridad Social: defraudar a Hacienda o no pagar cotizaciones.
- Blanqueo de capitales: participar en operaciones para “limpiar” dinero de procedencia ilegal.
- Corrupción empresarial: ofrecer o aceptar sobornos en contratos públicos o privados.
- Delitos medioambientales: verter residuos ilegales, contaminar.
- Delitos contra la intimidad o seguridad de los datos: acceder, usar o filtrar datos personales sin consentimiento.
- Delitos contra la salud y seguridad de los trabajadores: accidentes graves por no tomar medidas preventivas obligatorias.
- Estafa y apropiación indebida: engañar a clientes, socios, proveedores para obtener un beneficio económico.
- Revelación de secretos de empresa: compartir información confidencial sin autorización.
¿Cómo puede protegerse una empresa (y sus administradores)?
Dada la importancia y las graves consecuencias de la responsabilidad penal, la ley española contempla la implantación de programas de cumplimiento normativo (en inglés, compliance) como instrumento para prevenir delitos y, en determinados casos, reducir o excluir la responsabilidad.
¿Qué es un programa de compliance?
Es un sistema de organización, vigilancia y control dentro de la empresa para prevenir, detectar y reaccionar ante delitos. Estos programas incluyen:
- Códigos éticos y de conducta.
- Canal de denuncias interno.
- Formación y concienciación de empleados.
- Evaluación de riesgos legales.
- Protocolos para contratos, pagos y relaciones con terceros.
- Supervisión interna y auditorías.
¿Por qué es importante tenerlo?
Si la empresa prueba ante el juez que tiene un sistema serio y eficaz de prevención de delitos, puede quedar exenta de responsabilidad penal, o al menos lograr una reducción muy notable de la sanción. Eso sí, no basta con un documento: el sistema debe aplicarse en la práctica y funcionar realmente.
¿Y los administradores?
También el administrador puede demostrar que hizo lo posible para evitar delitos: formó al personal, impuso controles, investigó conductas sospechosas… En este caso, se puede evitar una condena personal.
Conclusión
Hoy por hoy, las empresas y sus responsables no pueden ignorar la ley penal. Las sanciones pueden suponer desde altas multas hasta el cierre de la empresa y penas de cárcel para los directivos. Tanto la empresa en su conjunto como los administradores y directivos individuales deben:
- Conocer el alcance de su responsabilidad penal.
- Prevenir activamente los delitos en la organización.
- Implantar y cumplir programas eficaces de compliance.
- Tomar en serio la ética y las obligaciones legales.